La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia. Tras perder un prolongado proceso judicial en el ámbito laboral, la institución está obligada a pagar la suma de 200 millones de bolivianos a sus trabajadores, un desembolso que arriesga directamente la continuidad y operatividad de la empresa.La resolución de este millonario laudo ha encendido las alarmas institucionales. Según reportes y auditorías jurídicas, el pago de esta indemnización —destinada principalmente a la reposición de bonos y beneficios del sindicato— dejaría a la empresa encargada del suministro de agua potable de La Paz y El Alto al borde de una quiebra técnica.El impacto es directo para la población: este desvío de fondos recorta drásticamente el presupuesto destinado a proyectos de inversión, mantenimiento de represas, perforación de pozos e impermeabilización de redes, poniendo en serio riesgo la sostenibilidad del servicio básico a mediano plazo.Expertos advierten que los ingresos anuales de la empresa intervenida no pueden soportar una carga laboral de esta magnitud sin sacrificar la calidad operativa o, en el peor de los casos, obligar a una futura revisión de las tarifas. Ante la gravedad de los hechos, se aguarda un pronunciamiento oficial sobre las acciones legales o salvatajes financieros que asumirá el Gobierno para evitar un colapso en el abastecimiento.
