El actual alcalde de La Paz, César Dockweiler, anunció el descubrimiento de más de 150 presuntos empleados fantasma distribuidos en 50 unidades municipales, un hallazgo derivado de las primeras auditorías que ha desencadenado más de un centenar de procesos administrativos contra la gestión de su antecesor, Iván Arias.
La revelación subraya lo que las nuevas autoridades describen como una red de corrupción sistémica enquistada en la sede de gobierno boliviana. Además, expone las profundas irregularidades institucionales y los obstáculos legales que marcan la actual transición de poder en el municipio paceño.
A principios de junio, Dockweiler había advertido sobre la existencia de una presunta organización criminal operando dentro de la estructura edil. Los registros y auditorías preliminares indican que diversas dependencias públicas fueron utilizadas para la extorsión y el beneficio particular, financiadas a través del cobro irregular de salarios por parte de funcionarios que no asistían a sus fuentes laborales.
Como resultado, el municipio ha activado una serie de acciones legales de gran escala. El informe preliminar de transición detalla la apertura de 55 procesos de auditoría, 19 investigaciones por transparencia y 195 casos sumariantes.
Además, se han identificado 15 procesos penales, de los cuales tres ya fueron remitidos formalmente al Ministerio Público para su respectiva investigación.
Sin embargo, las autoridades entrantes enfrentan severas limitaciones probatorias. La nueva administración denunció que durante el traspaso de mando únicamente recibió el 35% de la información oficial solicitada.
A lo largo de las revisiones en áreas como recursos humanos, obras y recaudaciones, los auditores reportaron el hallazgo de computadoras con discos duros borrados, documentación desaparecida y expedientes incompletos.
Mientras las investigaciones fiscales avanzan, la administración municipal debe ahora completar la difícil tarea de cuantificar el daño económico real ocasionado a las arcas públicas, dejando a los contribuyentes paceños a la espera de sanciones definitivas en los tribunales.
